Editorial: Acudir a votar a pesar de todo

Más de 5.300.000 catalanes están convocados hoy a las urnas para elegir el noveno Parlament desde la restauración de la autonomía en 1980, tras una legislatura traumática marcada por la crisis económica y por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Solo dos datos bastan para dar una idea de la profundidad de la crisis: hace cuatro años, el producto interior bruto (PIB) crecía en Catalunya al 3,6%, mientras que ahora, en el tercer trimestre del 2010, apenas lo hace al 0,2%. Este parón brutal y la recesión que lo ha acompañado han significado la destrucción de 267.000 empleos netos, con un aumento del paro del 5,56% en octubre del 2006 (229.000 parados en cifras absolutas) al 17,41% del mes pasado (669.400 desempleados).

El otro acontecimiento, la sentencia del Estatut, ha estado curiosamente ausente de la campaña electoral, salvo algunas referencias, más para recordar que hay que rescatar lo perdido, por parte de los socialistas, o para incitar a emprender nuevos caminos, por parte de CiU y de las formaciones independentistas. Las apelaciones directas a la independencia de Catalunya sí constituyen una novedad en esta campaña porque nunca como hasta ahora partidos como ERC o como las nuevas formaciones de Joan Laporta o Joan Carretero habían abogado claramente por la secesión o habían propuesto instrumentos para ejercerla, como el referendo.

La campaña, por lo demás, ha sido anodina, solo agitada por la declaración del patrimonio de los candidatos promovida por este diario a raíz de un primer destape de Joan Herrera (ICV-EUiA) que después se vieron obligados a seguir los demás aspirantes.

Campaña átona

La posibilidad de que la campaña se cerrase con un inédito cara a cara entre los dos principales candidatos a presidir la Generalitat resultó finalmente frustrada por la improvisación de la propuesta y por cuestiones de forma que bien hubieran podido ser obviadas.

La razón primordial de la atonía de la campaña reside, no obstante, en la impresión generalizada de que todo está ya decidido de antemano. Las encuestas, salvo la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pronostican un triunfo de CiU cercano a la mayoría absoluta y un hundimiento del PSC y de ERC, los dos integrantes principales del tripartito. El segundo tripartito puede pagar la crisis económica, la sentencia del Estatut y, sobre todo, la falta de cohesión interna. Pero es cierto que las expectativas electorales no están a la altura de la gestión realizada, que José Montilla se ha encargado de recordar (dos escuelas a la semana, cinco nuevos maestros al día, 15 plazas de guardería diarias, el doble de metro que CiU en 23 años, 1.000 mossos más al año, ocho hospitales y 3.000 médicos en cuatro años...) como una letanía quizá ya baldía.

La campaña ha sido también intrascendente porque los partidos no se han dedicado a explicar sus verdaderas propuestas y no han afrontado los temas conflictivos. La mayor preocupación de Artur Mas ha sido no cometer errores y pasar inadvertido, sin revelar su agenda oculta, mientras que Montilla se ha concentrado en salvar los muebles sin poder evitar la sensación de derrota.

Desapego y abstención

Esta dimisión de los partidos explica la desafección ciudadana, otra de las características de la legislatura, y justifica las críticas a las formaciones políticas. Pero, a pesar de todo, ello no debe anular el deber cívico de acudir a votar. Por dos razones: porque una alta abstención solo puede debilitar aún más una democracia ya imperfecta y porque la baja participación favorece que penetren en el Parlament formaciones poco representativas que desfiguren la voluntad popular y conviertan la Cámara en lo que antes se llamaba un Parlamento a la italiana.