El PP reveló este lunes que la Convención de Sevilla, de hace un mes, costó en torno a los 190.000 euros.

Los conservadores afirman que la creatividad, escenografía y organización del montaje se realizaron “con medios propios”, lo que repercutió en un abaratamiento de los costes. Por ello, afirman, no fue necesario convocar un concurso.

Además, dicen, se celebró en el mismo hotel donde se alojaban sus dirigentes para no alquilar grandes recintos ni escenarios y que los materiales pudiesen reutilizarse.

'La creatividad, escenografía y la organización del montaje de la Convención de Sevilla, al igual que en el resto de los actos que se organizan por el Partido Popular, se ha realizado con medios propios, es decir, por personas pertenecientes a la organización, lo que ha repercutido en un abaratamiento de los costes', explica el PP en un comunicado, donde se señala que 'gran parte' de los materiales empleados (lonas, bastidores, cartones-pluma, elementos de carpintería de stands, etcétera) se han conservado 'para su reutilización en los distintos actos que van a celebrarse', como las presentaciones de candidatos, donde mantendrán el mismo eslogan de la convención.

La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se han cumplido dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia.

Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley, informa Pere Rusiñol.

De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones de euros vehiculados ilegalmente en campañas electorales del PP: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.