En Ecuador y América Latina el embarazo de niñas y adolescentes menores de 14 años, en muchos casos producto de violencia sexual, parece no estar en la agenda mediática, tampoco en las prioridades de los gobiernos, a pesar de que las cifras son alarmantes.
8 de cada 10 víctimas de violencia sexual son niñas menores de 14 años en Ecuador, según el informe Vidas Robadas realizado por la Fundación Desafío. Ecuador ocupa el segundo lugar en embarazo adolescente después de Venezuela. Cifras que han ido en aumento en los últimos años.
Las niñas y adolescentes son las principales víctimas de abuso sexual, que casi siempre se desarrolla en entornos familiares o cercanos; sin embargo la gran mayoría de los casos no se denuncian.
Según el Servicio de Atención Integral de la Fiscalía de Ecuador en 2015 el 40% y adolescentes abusadas sexualmente no dieron a conocer el hecho a ninguna persona. Esto debido a que el 28% de adolescentes y niñas abusadas avisaron y no les creyeron, y el 16,5% les pidieron que no digan nada de lo sucedido. Esto quiere decir que casi la mitad de los abusos sexuales a adolescentes y niñas en Ecuador se mantiene en silencio. Estas niñas y adolescentes muy probablemente queden embarazadas, siendo obligadas a ser madres a tan corta edad.
Para más información revisa el informe de Vidas Robadas aquí
Consecuencias del embarazo en niñas y adolescentes
Las consecuencias que enfrenta una niña víctima de abuso sexual y que está embarazada son muchas físicas, psicológicas, emocionales, sociales, poniendo en riesgo su salud y en muchos casos su vida misma.
Según el estudio de Vidas Robadas, las niñas y adolescentes que dan a luz tienen el riesgo de la desproporción céfalo pélvica derivada de un crecimiento fetal que no es compatible con la pelvis de una niña, entre otras. Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto en niñas menores de 14 años se ven reflejadas en las estadísticas del INEC del 2015 explicando las patologías gravísimas, desde la presencia de tumores placentarios, embarazos ectópicos, embarazos múltiples y complicaciones derivadas del parto, entre otras.
Las consecuencias emocionales y sociales se relacionan debido a que antes, durante y después del embarazo las niñas y las adolescentes posiblemente no logran establecer relaciones interpersonales concretas además de un rechazo por parte de la población y de las instituciones de salud pública.
Automáticamente se les niega el derecho a ejecutar un proyecto de vida libremente al imponerles un embarazo y una maternidad, poniendo en riesgo su salud al morir en las etapas de parto y posparto porque su cuerpo no está completamente desarrollado.
Existen muchos ámbitos en los que se desarrollan las consecuencias de un embarazo en niñas y adolescentes, para contrarrestar con años anteriores revisa el pdf aquí
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que conforman el 71% presentan complicaciones en el embarazo referidas sobre todo a anemia e infección de vías urinarias, esos embarazos se dan en situaciones de desventaja y vulnerabilidad biológica, al no acceder a la información o recursos ya que la maternidad precoz disminuye sus opciones de estudio y trabajo.
Niñas no madres
Frente a esta problemática que afecta a Ecuador y varios países de América Latina, varias organizaciones (Amnistía Internacional, CLACAI, Planned Parenthood Global, GIRE) desarrollaron la Campaña #NiñasNoMadres. La campaña busca busca evidenciar que el embarazo de niñas y adolescentes es un problema de salud pública que requiere respuestas prioritarias. “América Latina y el Caribe es la única región en el mundo donde ha aumentado el número de partos de niñas menores de 15 años”. Ecuador no es la excepción: “Entre el 2002 al 2010 los partos en niñas de 10 a 14 años aumentaron 78%” La mayoría víctimas de violación. Lo mismo sucede en México, Guatemala, Nicaragua, Perú, Paraguay, por lo que esta campaña busca ser regional y hace un llamado a los países no solo a prevenir que estas niñas sean víctimas de violencia sexual, sino también a responder de manera adecuada cuando, en consecuencia, resultan embarazadas.
Problema de Salud Pública
Verónica Moya Campaña secretaria ejecutiva de COMPINA, explica que el tema del embarazo adolescente producto del abuso sexual debe ser considerado un tema de salud pública por todas las implicaciones que eso significa: afectaciones en la salud física y emocionales de las niñas, sujeto de atención prioritaria.
Que el Estado comprenda que esto es un tema de salud pública debería hacer que sea tratado con prioridad, recursos, difusión de información , atención, pero no es así.
A pesar del alto número de niñas embarazadas, por violencia sexual, en América Latina, estas niñas son obligadas a ser madres, ya que la interrupeción del embarazo en casos de violación no está permitido. En Ecuador el aborto por violación solamente es permitido cuando el embarazo se produce en una mujer con discapacidad mental, que según los datos afecta a penas al 1% de mujeres en edad fértil.
El informe de Vidas Robadas explica que todas las niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual, hayan o no denunciado la violación, se ven obligadas a continuar con este embarazo forzado, impidiéndoles la posibilidad de interrumpir este embarazo, en la gran mayoría de casos producto de una violación.
Para la Fundación Desafío, la interrupción del embarazo debe ser una opción, ya que la niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, merecen y tienen el derecho de continuar con su vida, ser felices, compartir con personas de su edad, y decidir cuando quieren ser madres.
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