Primer acuerdo unánime de la legislatura para alcanzar un pacto en una materia que levanta ampollas en determinados sectores de la sociedad, el de la violencia de género. El Congreso dio ayer luz verde a la proposición no de ley para alcanzar un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para luchar contra esta lacra, batalla que pasa por reformar ley del 2004 y ampliar su marco de actuación: no sólo se considerarán delitos de violencia de género aquellos cometidos por la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, como hasta ahora, sino también aquellos ataques a la mujer por el hecho de ser mujer, sea cual sea el campo en el que produzca (ámbito laboral, social...). De esta manera, delitos como las violaciones, abusos sexuales o forzar a una mujer a la prostitución serán considerados delitos machistas.
La propuesta aprobada ayer por unanimidad establece el plazo de un año para que el pacto sea una realidad y para que se modifiquen las normas precisas. Lo primero, sin embargo, será constituir una subcomisión en el seno de la comisión de igualdad antes de que termine el año.
Ese pacto responde en buena parte a la necesidad de adecuar en el contexto legal y social español el convenio de Estambul, que incluye otras formas de violencia sobre la mujer por razón de género, más allá de los malos tratos en el seno de la pareja o ex pareja. Un convenio suscrito por España y unos 40 países más y que aboga por incrementar las actuaciones de sensibilización para intensificar el compromiso por una sociedad libre de violencia contra la mujer, apoyando a las víctimas y rechazando a quienes provocan el maltrato.
La proposición no de ley que presentaron ayer PP y PSOE prevé también algo que para la diputada Ángeles Álvarez (PSOE) es fundamental: la dotación de partidas presupuestarias suficientes, sobre todo los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género y de sus hijos. Sobre todo, tal y como recordó la diputada, después de una anterior legislatura en la que el dinero destinado a este fin se redujo casi un 30%.
El Congreso también aprobó reforzar el funcionamiento de las unidades de coordinación y de violencia sobre la mujer, dependientes de las delegaciones del Gobierno, para garantizar el seguimiento personalizado de las víctimas y sus hijos impulsando la coordinación con las comunidades y los ayuntamientos. Asimismo, los grupos están de acuerdo en establecer protocolos de intervención a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género.
El Congreso tomó nota de una de las quejas más repetida en el VI Congreso de Violencia de Género organizado por el Consejo General del Poder Judicial: la falta de acompañamiento legal personalizado desde el primer momento en el que una mujer decide interponer una denuncia, algo que ya establece la ley, pero sobre la que no se informa a las víctimas. En ese foro, los juristas reconocieron que esa falta de apoyo legal va en detrimento de las víctimas y a favor del maltratador.
Escenificada la disposición de todos los grupos parlamentarios a alcanzar el tan esperado pacto, la realidad es que el camino no será tan fácil. Se alcanzará, sí, porque el convenio de Estambul suscrito por España en el 2014 obliga, como también las recomendaciones de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw). Pero no será fácil porque, como explicaron ayer diputados de Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, PDEcat o ERC, el pacto no puede ser sólo un acuerdo institucional, sino un compromiso que incluya dotación económica para prevenir desde todos los campos (especialmente en los centros escolares) y para atender a las víctimas (mujeres e hijos). Así como medios para la formación de todos los profesionales implicados en esta lucha, incluyendo a jueces, forenses y policías. También apuestan por un compromiso sin dudas ni fisuras para erradicar el machismo de la sociedad española, origen de la violencia contra la mujer.