Cuestionan validez de la Ley PROMESA y piden se deje sin efecto planes fiscales

Por redacción de Sin Comillas

Un grupo de ciudadanos, organizaciones cívicas y sindicales radicaron una demanda en el tribunal federal impugnando la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal y la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

Los demandantes piden al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan que declare “ilegal, nula e inconstitucional” la imposición de la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico porque viola la Declaración de Independencia y la Primera, Quinta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos; así como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Ciudadanos, jubilados, bonistas, sindicatos, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones profesionales y de maestros forman el grupo de demandantes, convencidos de que la actuación del Congreso es injusta, anacrónica y contraproducente a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, manifestaron en una rueda de prensa.

La demanda, radicada ayer, está encabezada por el abogado René Pinto Lugo y los representan los abogados Roberto Maldonado Nieves y Reynaldo Pérez.

“El grupo coincide en que los poderes conferidos a la Junta despojan al Pueblo Puerto Rico de unos derechos humanos y civiles y de la oportunidad de gobernarse dentro del marco de una sociedad democrática. La ley PROMESA inhabilita el gobierno propio de Puerto Rico y constituye una imposición sobre su estructura social, política y económica”, expresó  el Lcdo. Roberto Maldonado.

Por ser PROMESA una ley del Congreso, puede ser cuestionada ante los tribunales federales y allí disputar su legalidad y constitucionalidad, argumentaron.

Entre las alegaciones de la demanda plantea que al imponer la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico bajo los poderes de PROMESA, el Congreso y la Junta privaron al pueblo puertorriqueño y los demandantes de su derecho a la autodeterminación y otros derechos bajo los mencionados decretos.

PROMESA se basa en el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución, pero Estados Unidos renunció a ejercer autoridad colonial sobre Puerto Rico y a adoptar reglamentos sobre la Isla basados en dicha cláusula constitucional al unirse a la Carta de las Naciones Unidas en 1945, y los otros tratados. Por lo tanto, la demanda argumenta que “la creación de JSAF y su imposición sobre Puerto Rico por el Congreso es nula e inválida y conforme a ello debe ser declarada inconstitucional, tal como cualquiera y todos los actos de la JSAF, y los procedimientos bajo PROMESA deben detenerse”.

La Carta de las Naciones Unidas establece el derecho universal de los pueblos a su auto determinación y respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.  Para aquellos países miembros con responsabilidad de administrar territorios que no han logrado auto gobierno, reconoce el principio y obligación de proveer el bienestar de sus habitantes y ayudar en el desarrollo de su auto gobierno conforme las aspiraciones de sus pueblos.

La demanda también solicita que se remueva a José Ramón González y Carlos García como miembros de la Junta debido a sus conflictos de interés; que deje sin efecto todos los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico hasta tanto se haga una auditoría forense independiente; prohíba al gobierno puertorriqueño disponer de la totalidad o parte de la Autoridad de Energía Eléctrica; e incluya al Gobierno de Estados Unidos como parte de esta demanda para que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales por la deuda pública de Puerto Rico.

Los demandantes exponen que son representativos de los residentes de Puerto Rico y entidades afectadas directamente por la ley PROMESA, especialmente tras la devastación causada por los huracanes Irma y María, “y la manera en que el Gobierno de Puerto Rico mal manejó la crisis socioeconómica y de salud que surgió después”.

La demanda está dirigida contra el gobierno de Estados Unidos, la Junta y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en su capacidad oficial.

En cuanto a los planes fiscales y sus negociaciones para el pago o ajuste de la deuda pública de Puerto Rico, solicita que la auditoría forense independiente determine cuáles personas o entidades fueron responsables de la venta ilegal de bonos para que respondan por dicha responsabilidad.

Asímismo, pide se reconozca el derecho de los demandantes y el pueblo a participar en las decisiones de conservar, administrar y disponer de la Autoridad de Energía Eléctrica, que considera un servicio esencial y un recurso natural más importante, aparte del recurso agua.

La petición para incluir al gobierno de Estados Unidos en este caso busca que asuma todas las responsabilidades constitucionales y legales de la deuda pública de Puerto Rico y por la ilegalidad e inconstitucionalidad de la imposición de la Junta sobre los demandantes, Puerto Rico y sus residentes.

Los demandantes son:

  • René Pinto Lugo
  • Movimiento de Concentración Ciudadana Inc. (VAMOS)
  • Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos (UEOGAEP)
  • Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Eléctricas Inc. (UITICE)
  • Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA)
  • Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas, Puertos (UEOCRA)
  • Unión de Empleados del Banco de la Vivienda (UEBV)
  • Unión de Empleados Profesionales Independientes (UEPI)
  • Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE)
  • Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA)
  • Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE)